La normativa marca como fecha límite enero de 2024, pero León no llega a tiempo ya. Sin la implantación del contenedor marrón para seleccionar la fracción de orgánica, como exige la UE y se recoge en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el Ayuntamiento de la capital leonesa verá cómo la partida que debe afrontar por la gestión de la basura en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) se incrementa. El precio pasará de 70 a 80 euros por tonelada de deshechos. Como consecuencia, la factura, que en el presente ejercicio ronda los 3 millones de euros, pasará a 3.420.000 euros por no haber colocado todavía el nuevo recipiente en el que tienen que arrojarse los desperdicios que son susceptibles de recuperarse para la elaboración de biogás, sin mezclarse con otros que entorpecen esta generación de energía.

Si no se implanta esta separación, el precio subirá a razón de 10 euros por tonelada, que harían que en 2025 se incrementaran otros 478.100 euros, y que alcanzarían alcanzar los 110 euros en 2027. Pero León no puede acceder todavía a este sistema. Aunque hace un año y medio que se estudia la implantación del recipiente marrón y que, en noviembre pasado, ya recibió el dinero por parte de la Junta como canalizadora de los fondos de la UE para la adquisición del material necesario, el gobierno municipal de José Antonio Diez no ha sacado el concurso público de los contenedores hasta ahora, mientras que el contrato para la compra de los nuevos camiones ni siquiera cuenta por el momento con los pliegos de condiciones que deberán regir la elección de la empresa adjudicataria. El plan recogía que en este año se llegaría ya a los grandes productores, como supermercados, hoteles, hostelería, industria, centros educativos y sanitarios, mientras que para los ciudadanos se trabajaba con la idea de llegar en 2024.

A la espera de que se concreten los vehículos, que cuentan con una partida de 800.000 euros, el Ayuntamiento de León ha dispuesto un contrato de 1.062.985 euros para la compra de 1.980 contenedores, que podrían superar los 2.000 en función de las bajas ofertadas por las empresas interesadas. La partida, financiada al 90% con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cumplir con «la recogida separada de biorresiduos con destino a instalaciones específicas de tratamiento biológico, reparte su mayor cuantía para los «800 contenedores de 2.000 litros de capacidad, a razón de 950 euros cada uno, que se colocarán en las calles.

El contenedor «deberá disponer de preinstalación para cerradura electrónica compatible con los principales fabricantes del mercado». El apunte anuncia el sistema por el que los ciudadanos necesitarán una herramienta que les permita abrirlos. No se ha definido aún cómo se hará, aunque desde el Ayuntamiento se trabaja con la idea de que cada ciudadano cuente con un taco de etiquetas con un código o QR, repartidas por el consistorio, que deberá pegar en las bolsas para que se desbloquee la tapa, aunque también se valora la opción de una aplicación de teléfono móvil como llave de apertura.

Estos grandes contenedores, junto a los que se demandan otros de 120, 240 y 750 litros, se apunta que tendrán que «disponer de espacio suficiente para el alojamiento de dispositivos inteligentes de identificación y/o localización». El requerimiento atiende a la necesidad de incluirlos ya dentro del proyecto de ciudad inteligente para que los sistemas que se instalen en el interior permitan conocer cómo están de llenos para optimizar las rutas de recogida de los camiones.

[Este contenido procede de Diario de León. Lee el original aquí]