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Publicada la convocatoria para elegir los municipios que podrán albergar el ATC
La previsión de inversión total en el ATC es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores. Por otro lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto el trámite de audiencia pública para modificar la Orden Ministerial que establece los criterios de reparto de fondos por ENRESA a los municipios situados en el entorno de instalaciones nucleares que almacenan combustible gastado o residuos radiactivos. El borrador de Orden estipula para el emplazamiento del ATC una asignación de fondos que puede alcanzar los 7,8 millones de euros al año, cantidad que empezaría a ser cobrada cuando comience el almacenamiento de combustible. La nueva normativa crea un mecanismo de cofinanciación que amplía en un máximo de 7,55 millones de euros anuales la asignación total que actualmente reciben todos los municipios. Las asignaciones para los municipios situados en el entorno de instalaciones con residuos nucleares buscan incrementar las inversiones en su diversificación productiva.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto la convocatoria pública para determinar los municipios interesados en ser candidatos a que su término municipal albergue el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado, incluidas las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas. Según la resolución de Industria, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la convocatoria se dirige a todos los municipios situados en territorio español y a ella pueden concurrir los municipios interesados individual o conjuntamente.
El vigente Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) contempla para el almacenamiento de estos residuos una solución centralizada, atendiendo a consideraciones estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad. La instalación de un ATC ha sido considerada también la mejor opción según opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear, celebrada entre noviembre de 2005 y mayo de 2006. En el ámbito parlamentario, la necesidad de llevar a cabo las acciones oportunas con este fin se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones. El 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para al establecimiento de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.
El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas 5 hectáreas. La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.
Procedimiento de selección
La instrucción y el impulso del procedimiento de selección del emplazamiento corresponderán a la Comisión Interministerial. Los municipios interesados cuentan con un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la convocatoria pública, para presentar sus candidaturas. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión Interministerial aprobará una lista provisional de candidaturas excluidas y admitidas, que, tras un trámite de reclamaciones y previo acuerdo de la propia Comisión, será definitiva. Ambas listas se publicarán en la web www.emplazamientoatc.es.
A continuación se procederá al análisis del término municipal de los candidatos definitivos y, tras este trámite, se comunicará a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico. Los municipios tendrán un mes para aportar información sobre terrenos alternativos. Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS). También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.
Finalmente, la Comisión estudiará los terrenos propuestos y elaborará un informe de propuesta que reflejará las ventajas de los distintos emplazamientos desde el punto de vista de viabilidad, licenciamiento y desarrollo del proyecto. El informe se remitirá al Gobierno que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, designará el emplazamiento elegido para el ATC y su centro tecnológico. En el examen de los lugares se considerarán las características de los terrenos (topografía, geotecnia, hidrología, etc.) y de su entorno (infraestructuras de transporte, distancia a instalaciones industriales relevantes para el desarrollo del proyecto, acometidas eléctricas, etc.), así como las características socioeconómicas y ambientales y las posibles colaboraciones y aportaciones que los ayuntamientos pongan a disposición del proyecto.
Modificación de la Orden Ministerial de asignación de fondos a municipios nucleares
Por otro lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto el trámite de audiencia pública para modificar la normativa que establece los criterios de reparto de fondos por ENRESA a los municipios situados en el entorno de instalaciones nucleares que almacenan combustible gastado o residuos radiactivos.
Según lo previsto en el proyecto del ATC y su centro tecnológico asociado, los ingresos para los municipios y sus criterios de reparto serán establecidos mediante la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos o centrales nucleares con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
Las asignaciones se financian mediante el pago de las correspondientes tasas por las empresas. Los municipios con derecho a asignación son los situados dentro de una distancia determinada (superficie municipal a menos de 10 km o núcleo poblacional a menos de 20 km) a una instalación nuclear (ya sea una central nuclear o una instalación de almacenamiento). El borrador de Orden Ministerial estipula para el emplazamiento del ATC una cantidad de 6 millones de euros anuales, cantidad que empezaría a ser cobrada por los municipios del emplazamiento una vez comience el almacenamiento de combustible. Adicionalmente, se crea una nueva partida de cofinanciación aplicable a todos los emplazamientos nucleares. Así, los municipios recibirán fondos para la cofinanciación de actividades de desarrollo local, mediante una nueva partida que podrá ser de hasta el 25 por ciento de la asignación anual recibida por cada municipio en concepto de término fijo o del 30 por ciento cuando se trate de proyectos en los que participen más de un municipio.
Por tanto, la asignación al emplazamiento del ATC (fijo más cofinanciación) podrá ascender a un máximo de 7,8 millones de euros anuales, teniendo en cuenta la parte fija y la cofinanciación de proyectos. Con esta modificación se busca incrementar las inversiones de los municipios en su diversificación productiva. Los proyectos de los municipios serán presentados y canalizados a través de SEPIDES, aunque su aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de Industria.
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Garoña, la partida de cofinanciación se incrementa desde el 25 o el 30 por ciento previsto hasta el 50 por ciento, para aquellas instalaciones cuya fecha de cese de la actividad haya sido determinada. Este incremento regirá durante los 4 años anteriores a la fecha de cese definitivo de la actividad. En resumen, el incremento de los fondos destinados a los municipios nucleares a través del mecanismo de cofinanciación respecto a la situación actual ascendería en conjunto a un máximo de 7,55 millones de euros al año (de los cuales 1,05 millones corresponderían al mecanismo específico diseñado para Garoña). Esta cantidad se suma a los 21,7 millones que reciben actualmente los municipios nucleares.
Nota de prensa del gobierno de españa
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