España ha iniciado los trabajos para dotarse de un marco legal que permita decidir el emplazamiento y el desarrollo del futuro Almacén Geológico Profundo (AGP), la solución definitiva prevista para la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad generados por las centrales nucleares. El proyecto, contemplado en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Ejecutivo, constituye uno de los mayores retos técnicos, normativos y sociales en materia de residuos peligrosos a largo plazo.

El PGRR establece una estrategia en dos niveles: a corto y medio plazo, la construcción de siete almacenes temporales descentralizados en las propias centrales nucleares para custodiar los residuos durante varias décadas; y, a largo plazo, la puesta en marcha de un AGP destinado al confinamiento permanente de estos materiales durante miles de años. Este almacenamiento definitivo debería estar operativo, según la planificación actual, en torno a 2073, aunque el Gobierno y los organismos implicados no descartan adelantar ese horizonte temporal.

El AGP se concibe como una infraestructura subterránea de gran complejidad técnica, basada en el aislamiento de los residuos en cavidades situadas a unos 500 metros de profundidad, en formaciones geológicas estables —principalmente arcillosas o graníticas— que actúan como barrera natural, complementadas con barreras de ingeniería. Esta solución es la más aceptada a nivel internacional para la gestión definitiva de residuos nucleares, y ya está siendo desarrollada o implementada en países como Finlandia, Suecia, Francia o Suiza.

El coste estimado del proyecto en España asciende a casi 4.100 millones de euros hasta el año 2100, según las previsiones del PGRR elaborado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Su desarrollo se estructura en ocho grandes fases, que abarcan desde la actualización del conocimiento científico y técnico hasta la construcción, licenciamiento y puesta en operación de la instalación.

La primera fase del proceso, centrada en recopilar y actualizar la información disponible sobre posibles emplazamientos, diseños y capacidades tecnológicas, ya ha sido completada por Enresa. La sociedad pública ha elaborado un informe técnico que analiza criterios geológicos, soluciones de diseño, necesidades de investigación y desarrollo, y bases documentales para el futuro proceso de selección del emplazamiento, que será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica.

La siguiente etapa, actualmente en marcha, consiste en el desarrollo de una ley específica que regule el procedimiento para elegir la ubicación del AGP. En ella se definirán los actores implicados, los mecanismos de participación institucional y social, y las garantías técnicas y de seguridad del proceso. El Ministerio para la Transición Ecológica, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trabajan de forma coordinada en el diseño de este marco normativo, cuya aprobación podría alcanzarse en un plazo aproximado de tres años, hacia 2028.

Paralelamente, el CSN comenzará el análisis de la documentación técnica genérica para sentar las bases del futuro licenciamiento de la instalación, un aspecto clave para evitar retrasos en fases posteriores.

La elección del emplazamiento del AGP se perfila como el principal desafío del proceso. Experiencias previas, como el intento fallido de construir un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), pusieron de manifiesto la dificultad de alcanzar consensos sociales, políticos e institucionales en torno a este tipo de infraestructuras. De hecho, la falta de respaldo territorial llevó al Gobierno a descartar la opción de un único almacén temporal centralizado y apostar por una solución descentralizada.

El Ejecutivo reconoce que el éxito del AGP dependerá en gran medida de la estabilidad del proceso y de la aceptación social, por lo que la futura ley pretende dotar de seguridad jurídica y transparencia a la toma de decisiones, incorporando mecanismos de participación y diálogo desde las fases iniciales.

Según el PGRR, entre 2029 y 2032 se elaboraría un listado de emplazamientos potenciales; entre 2033 y 2039 se llevaría a cabo el análisis comparativo y la selección de la ubicación candidata; y entre 2040 y 2059 se desarrollarían los trabajos de caracterización detallada del terreno. La construcción del AGP se extendería entre 2060 y 2071, con una fase de pruebas previa a su entrada en operación.

No obstante, tanto el Gobierno como Enresa y el CSN han manifestado su voluntad de acortar plazos si las condiciones técnicas y sociales lo permiten. Las empresas propietarias de las centrales nucleares también presionan para adelantar la puesta en marcha del AGP, con el objetivo de liberar antes los terrenos de las instalaciones nucleares y destinarlos a otros usos industriales.

La futura ley del AGP marcará un hito en la política española de gestión de residuos radiactivos, al abordar de forma definitiva la responsabilidad intergeneracional asociada a estos materiales. Más allá del debate energético, el proyecto sitúa en el centro cuestiones clave como la seguridad a largo plazo, la protección ambiental, la planificación territorial y la gobernanza de residuos peligrosos, en un horizonte temporal que trasciende con creces los ciclos políticos y económicos habituales.