Ya ha habido algunas, como la denominada 'Poubelle' de la que el pasado mes informó la Guardia Civil y que supuso la 
desarticulación de una organización criminal que habría 
ingresado 16 millones de euros desde 2020 después de que empresas de recogida de residuos francesas contrataran  sus servicios para deshacerse de ellos y enterrarlos en un vertedero de  Zaragoza.
 
En Francia, la gestión de una  tonelada de residuos de origen urbano, es decir, su tratamiento y  eliminación, cuesta 250 euros, incluidos 50 euros por impuestos. En  España, el coste por lo mismo, incluidos impuestos, es de 40 euros. Por  eso, a los grupos organizados, que han visto un filón en esta actividad  ilícita, les salen muy bien las cuentas, que son estas: un camión que transporte 20 toneladas de residuos pagaría en Francia 5.000 euros por gestionarlos, incluidos impuestos (20 toneladas por 250 euros cada una). En España, el coste sería de unos 800 euros (20 toneladas por 40 euros cada una).
Si  se descuenta el coste del combustible y el salario del conductor, los  investigadores calculan que las organizaciones criminales pueden obtener  un beneficio por camión de algo más de 3.000 euros. Si entran entre 10 y  20 vehículos diarios, el beneficio oscilaría entre 30.000 y 60.000  euros al día. Es un cálculo a la baja porque, como explica Astráin, en  los controles llevados a cabo en el operativo Augias, de cada 120 camiones interceptados por los agentes, entre 35 y 45 fueron denunciados por llevar residuos sin tratar. La zona con más afluencia de camiones es la frontera de Irún, según se ha constatado en esos controles.
De  acuerdo con las investigaciones, del 'modus operandi' detectado se  desprende la existencia de empresas francesas y españolas (en este caso  radicadas en Cataluña y Aragón sobre todo) interrelacionadas para llevar a cabo esta actividad ilícita con métodos de apariencia legal. En  el caso de Francia son empresas concesionarias para la recogida de  basuras domésticas que, en connivencia con otras españolas, trasladan  hasta nuestro país los residuos urbanos sin gestionarlos antes, de tal  manera que puede encontrarse entre ellos de todo: desde botes de  pintura, pilas, disolventes, productos de limpieza, etc... Algunos son  muy tóxicos.
Astráin recuerda que las legislaciones española y europea prohíben la entrada de residuos de este tipo desde otros países a España, bajo  el principio de que cada país debe hacerse cargo de los suyos. Pero sí  pueden entrar los ya tratados, por lo que las organizaciones criminales  simulan que lo están y aportan la documentación correspondiente.
Y  para que todo parezca legal y puedan superar los controles si son  interceptados, las primeras capas de la carga son residuos no  peligrosos, como papel o cartón, que se transportan como si estuvieran  clasificados y, por tanto, pueden enterrarse en un vertedero español. En  otras ocasiones, son residuos de obras. Sin embargo, bajo esas capas se ocultan los residuos urbanos sin tratar.
De todos modos, si son descubiertos, es la comunidad autónoma correspondiente la que tiene que imponer la correspondiente sanción administrativa. Pero esa multa, aunque cuantiosa, no enturbia este lucrativo negocio, ya en manos de grupos criminales.
Para España, esta actividad supone un problema medioambiental de  primer orden. Enterrar toneladas de residuos sin tratar, como ocurre en  el vertedero de Zaragoza, puede provocar daños muy importantes en los  ecosistemas y en la salud de la población próxima a esas instalaciones.  Ya hay ejemplos de esos daños en la salud que actividades similares  provocaron en Italia. Para Francia, el problema es fiscal, por la gran cantidad de euros que dejan de ingresar sus arcas al eludir esas empresas el pago de los impuestos.
La  Guardia Civil, y en concreto el SEPRONA, ha incluido la lucha contra el  tráfico de residuos entre sus prioridades, como también lo ha hecho la  Gendarmería francesa.