La negativa de España a implantar un SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) está haciendo que se aísle del resto de países vecinos. Actualmente 19 países europeos, 16 pertenecientes a la Unión Europea, cuentan ya con este modelo de gestión de residuos.

El funcionamiento del SDDR consiste en que los compradores pagan un sobrecoste cuando adquieren una botella de plástico o una lata. Ese añadido se les reembolsa cuando se devuelve el envase, asegurando así la recuperación y reintroducción en la cadena de producción.

Este sistema se implantó en 1984 en Suecia por primera vez y le siguieron Islandia, Finlandia y Noruega. En el siglo XXI se unieron Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estonia, Croacia y Lituania. Recientemente se ha implantado en otros países como Eslovaquia, Letonia y Malta. Dependiendo del país, el sobrecoste a pagar por cada envase varía entre los 10 y los 25 céntimos. Portugal, Rumanía, Irlanda, Hungría, Reino Unido y Austria han aprobado unirse a este sistema antes de que termine 2025. Pero España no formará parte de este selecto grupo, al igual que Italia o Francia.

Sin embargo, el gobierno aprobó en 2022 dos normas en este sentido: la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, que fijan como objetivo el 70% del reciclaje de botellas de plástico en 2023 y el 85% en 2027. Establecen que, de no cumplirse, será obligatorio implantar un SDDR en un plazo máximo de dos años.

En nuestro país es Ecoembes la encargada de llevar la cuenta de la cantidad de envases que se reciclan. Según sus datos, en 2021 España consiguió una recogida selectiva del 71,1%. Esto significa que el objetivo fijado para 2023 ya se logró dos años antes.

Si la tendencia de reciclaje sigue así, es previsible que se cumplan los objetivos marcados por el gobierno. Sin embargo, la fiabilidad de los datos de Ecoembes está en entredicho. De este modo, y atendiendo a los buenos datos que se tienen, se continuaría esquivando la implantación de un SDDR en España.

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