El pasado 26 de julio, la Comisión Europea abrió expediente a varios Estados miembro por incumplir los objetivos de recogida y reciclaje de residuos establecidos en la actual legislación de la UE, unas metas que son jurídicamente vinculantes en lo que respecta al tratamiento de desechos municipales.
En concreto, España y otros 17 Estados miembro no cumplieron el objetivo del 50% para 2020 de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales como papel, metal, plástico y vidrio.
La mayoría de los Estados miembros tampoco recogieron suficientes residuos de aparatos eléctricos por separado y, por tanto, no alcanzaron el objetivo de recogida de la UE, que establece el índice mínimo de recogida anual en el 65% del peso medio de los aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en los tres años anteriores en el Estado miembro de que se trate o, alternativamente, del 85 % de los residuos generados en el territorio de ese Estado miembro.
Por tanto, Bruselas ha pedido a los Veintisiete que "redoblen sus esfuerzos" de aplicación de estas directivas de recogida y reciclaje para cumplir sus obligaciones, para lo que les sugiere basarse en las recomendaciones específicas para cada país señaladas en el Informe de alerta rápida sobre residuos 2023.
Ante estas deficiencias, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a cada uno de los 27 Estados miembro, que disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario, que a falta de una respuesta satisfactoria, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).