La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado justificar mejor algunas restricciones impuestas a los productores de filtros y de tabaco con filtros tras analizar el proyecto de Real decreto relativo a la gestión de los residuos de estos productos que se utilizan con productos del tabaco, según informa en un comunicado.

En concreto, este proyecto normativo tiene en cuenta, entre otros, el objeto y ámbito de aplicación, las medidas de prevención y gestión, el régimen de responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones de información y sensibilización o las medidas que regulan el control, vigilancia y régimen sancionador.

De esta forma, el órgano que preside Cani Fernández ha valorado "positivamente" este proyecto que traslada el planteamiento general de la regulación de la gestión de residuos a los productos del tabaco con filtros y filtros comercializados. Esta iniciativa persigue la protección de la salud pública y del medio ambiente a través de una utilización eficiente y racional de los recursos naturales, la promoción de los principios de la economía circular y la responsabilidad ampliada del productor.

Sin embargo, Competencia ha propuesto algunas recomendaciones, como la de justificar el umbral establecido que obliga a las empresas a contar con un plan de prevención y ecodiseño y considerar la reducción de su periodicidad, y también la obligación impuesta a los agentes distintos de los productores de instalar infraestructura para recogida de residuos, así como motivar los criterios de selección de estos agentes.

Además, la CNMC recomienda que se busquen alternativas a la recogida separada para lograr la finalidad perseguida: recoger datos e introducir medidas incentivadoras y no coercitivas para los operadores, así como establecer una validez indefinida de las autorizaciones de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, por lo que se prestará especial atención a que las especificaciones a nivel autonómico no impidan el aprovechamiento de economías de escala y el alcance del mercado en todo el territorio nacional.

También recomienda fijar con precisión el contenido de los convenios con las administraciones públicas para no introducir prestaciones propias de los contratos públicos y reforzar las obligaciones de publicación y respetar la normativa de competencia por los integrantes de los sistemas colectivos y por terceros operadores durante los intercambios de información. Por último, Competencia ha recordado que este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]