Según ha confirmado la Junta de Andalucía, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), la empresa que gestiona las instalaciones nervenses, presentó un proyecto en 2019 para la modificación de la autorización ambiental integrada, el cual “ocupaba la totalidad de ese vaso”, pero la Junta, en julio de 2021, “le pidió que lo subsanara”.

Así, la empresa trasladó la propuesta alternativa en octubre de 2021 en la que “contemplaba el uso de los vasos II y III”. No obstante, el Departamento de Residuos y de Calidad del Suelo de la Consejería de Sostenibilidad requirió en el mes de mayo del año pasado “un estudio para descartar que se hubiera superado la capacidad autorizada y constatar si, en realidad, lo que se pretendía era una ampliación del vertedero”.

Según explica el diario, a la Junta no le pareció “suficiente” la información facilitada por la empresa, por lo que realizó su propia inspección en septiembre de 2022 con una empresa especializada. Este análisis concluyó que “la suma total de los residuos contenidos en los vasos I, II y III era de 10.253.665 toneladas, 2.869.554 más que las 7.384.111 toneladas establecidas en la autorización ambiental integrada”, que contempla la suma total de los vados y el recrecido final, es decir, “un exceso del 39% respecto de la capacidad prevista”.

Por tanto, el vaso I, que ya estaba clausurado, contaba con “una masa de 1.643.516 toneladas, cuando su capacidad máxima prevista era de 771.810”; por otro lado, los vasos II y III, según el análisis de la Junta, contaba con un masa de “8,6 millones de toneladas, cuando su límite acordado por la autorización ambiental integrada es de ”3,87 millones de toneladas“.

Por todo ello, según la información publicada, la Junta ha considerado que “las diferencias entre lo permitido y lo realmente almacenado son considerables” y que “no pueden achacarse al método empleado por la explotadora para la determinación de la masa que se deposita porque a la entidad dedicada profesionalmente a la gestión de residuos se le asume capacidad y conocimiento técnico suficiente para llevar ese control”. Por lo que la administración apunta a que la empresa “presuntamente falseó los datos exigidos por la normativa aplicable” con la “voluntad de confundir o engañar sobre la masa depositada y sobre el estado de la instalación en relación con lo autorizado”, concluye.