España en general suspende en materia de recogida y tratamiento de residuos y a nadie parece preocuparle, según los expertos consultados por EFE, que lamentan que, a pesar de las implicaciones ambientales y económicas que conlleva, el debate sobre cómo mejorar la situación no entra en campaña electoral.

En 2020, los residuos de competencia municipal recogidos en España (hogares, comercios, restaurantes, etc) rozaron los 22 millones de toneladas, de las que sólo se reciclaron el 20,4% (4,5 millones) y el 20,1% (4,4 millones) fue a compostaje. Casi la mitad de esa basura, el 49,4% (10,8 millones, equivalentes a 800 estadios de fútbol), acabó en el vertedero, y el 10,1% (2,2 millones) fue incinerada, según la última memoria sobre residuos publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Esto implica que España, con una tasa del 40,5%, se quedó por debajo del objetivo Europeo de reutilización y reciclaje (50%), una situación que ha sido denunciada ante la Comisión Europea por 26 organizaciones de la sociedad civil, que advierten de que si no se actúa, también incumpliremos los objetivos para 2025 (55%) y 2030 (60%). Según datos de la oficina estadística comunitaria Eurostat de 2021, España es el Estado miembro que más porcentaje de basura de gestión municipal depositó en vertedero (54%) y ese año sólo recicló el 35%.

Para el director de Fundación Fórum Ambiental y coordinador de ESGREM (agrupación de entes supramunicipales de gestión de residuos), Leandro Barquín, aunque la nueva Ley de Residuos supone avances es poco ambiciosa, y para cumplir los objetivos los ayuntamientos necesitan más apoyo e inversión en instalaciones de tratamiento de residuos por parte del Gobierno. “Se les exige mucho pero no se les da instrumentos suficientes. Por su parte, a las administraciones locales les tenemos que pedir amplios consensos, más valentía para tomar las mejores decisiones y cobrar a sus ciudadanos lo que cuesta recoger y tratar sus residuos”, ha añadido. Entre otras acciones para mejorar la situación ha señalado formar más a los ciudadanos sobre cómo separar la basura e informar de los beneficios que conlleva hacerlo, así como diseñar los productos para facilitar su reciclaje o incentivar fiscalmente las opciones de consumo más sostenibles.

Productores y distribuidores deben responsabilizarse de los residuos que generan y pagar todos los costes de su recogida y tratamiento, “pues hoy todavía les sale más barato generar residuos que evitarlos”, según Barquín, que ha pedido acotar los modelos de negocio basados en productos de vida corta y generación masiva de residuos. “Se ha dado un salto importante en los últimos tres años con nuevos marcos de obligaciones, pero salimos de muy atrás”, ha lamentado Barquín, quien ha animado a exigir a Gobierno y autonomías “voluntad e instrumentos para mejorar la gestión de los residuos y tener una economía más circular y resiliente”.

El responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea, ha advertido de que aunque la limpieza de calles y la recogida de basuras “parece un tema secundario”, puede “poner y quitar alcaldes” porque crean conflicto. La gestión de envases representa el principal escollo y, tal y como está montado actualmente el sistema, es muy complicado llevarla a cabo, según Barea, que ha criticado duramente al gestor de residuos Ecoembes por no pagar a los ayuntamientos “lo que les cuesta hacerse cargo de la recogida de los cubos amarillos”. Los ciudadanos también deben poner de su parte, pues, según datos del INE, el 80% de la basura va mezclada y esto imposibilita un buen reciclaje, según Barea, que ha animado a consumir menos para reducir la generación de residuos y ha pedido la vuelta el sistema de retorno de envases.

Según el coordinador de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, aunque hay diferencias entre comunidades, ninguna alcanzó los objetivos de reciclaje marcados para 2020 y la mayoría de la basura va a vertedero, incluso sin tratamiento previo. “Más 3 millones de toneladas de basura van a vertedero tal y como se recogen en las calles. El 40% es fracción orgánica, que al no haber sido estabilizada se descompone emitiendo gases de efecto invernadero, lo que tiene implicaciones gravísimas”, ha aseverado.

En su opinión, la solución pasa por dar la vuelta al porcentaje de separación de basuras, pasando del 20 al 80%, y para ello, debería introducirse un impuesto que grave la no separación de residuos. “Necesitamos cambios urgentes (…) pero no va a entrar en campaña porque a nadie parece importarle mucho el tema de residuos”, y todo a pesar de los expedientes abiertos al reino de España por la CE por verter sin tratamiento. Las responsabilidades son compartidas, no es problema de uno u otro partido porque, en general, las cosas se están haciendo mal en todas partes, ha lamentado.

“Hay ciudades que lo hacen mejor, como Córdoba, que obtiene resultados bastante buenos, y otras, como Madrid, que son un desastre”, según Arribas, que ha subrayado que el ciudadano también debe asumir su parte de responsabilidad. En el caso de los hogares, el problema más importante es que, en muchos de ellos, no está implantado el hábito de separar la basura, y ha dicho que si no se hace “voluntariamente” habrá que imponerlo a la fuerza mediante la aplicación de ordenanzas fiscales que doblen las tasas a aquellos que no separan.

[Este contenido fue publicado originalmente en EFE VERDE. Lee el original aquí]